Banderazo del SOMU contra Sturzenegger y la desregulación del transporte marítimo de cabotaje

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), conducido por Raúl Durdos, llevó a cabo un banderazo para protestar contra la decisión del Gobierno nacional de modificar la ley de Cabotaje y así poder desregular el transporte marítimo fluvial en nuestro país. Habrá nuevas medidas de fuerza para evitar la sanción.

Con varias frases y consignas, los trabajadores se expresaron en contra del DNU que se firmará en breve y que irá en línea con lo resuelto por el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien sostiene que “no tenemos una marina mercante” y que “se ha destruido la navegación interna, que necesita un reajuste importante”.

De este modo, las medidas que pretende implementar el ejecutivo nacional solo beneficiarán a empresas extranjeras en detrimento de la industria nacional y la protección de los trabajadores argentinos, tal como sostienen desde el SOMU. Además, pondrán en riesgo miles de puestos de trabajo.

En ese sentido, el funcionario de la gestión que encabeza Javier Milei supo defender su propuesta ya que “bajará entre un 30% y 40% los costos altísimo que tiene el transporte marítimo” en nuestro país. “Con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes”, fue una de las leyendas en respuesta al Gobierno.

“No permitiremos que se desmantele nuestra marina mercante”, afirmó Durdos al respecto, y agregó que “la lucha por nuestros derechos es una lucha por el futuro de nuestras familias y de nuestra patria”. También convocó a “defender nuestra historia, nuestra industria y nuestros derechos”, durante el último banderazo.

Por lo pronto, se espera que el SOMU anuncie nuevas medidas en las que se reafirme el compromiso para defender la industria nacional y los derechos de los trabajadores, ya que el proyecto de decreto permitirá la operación de barcos de bandera extranjera en rutas locales con tripulación foránea.

Recordemos que los cambios en la Ley de Cabotaje obligarán a prestar un servicio mínimo del 50% en caso de que se lleven a cabo medidas de fuerza, lo que busca garantizar la continuidad del transporte comercial a expensas de los derechos laborales.