Leyes 24.013 y 25.323: Astreintes y la peligrosa «confusión» de Larreta

A mediados de 2022, en la localidad bonaerense de Carlos Casares, los trabajadores de Lácteos Vidal S.A. reclamaron a la empresa y al Ministerio de Trabajo por incumplimientos en los estándares de seguridad de la planta y por la adecuación de las categorías de los trabajadores acorde al convenio colectivo de los lácteos. También peticionaban por el cese de la persecución sindical y del maltrato a los delegados.

Ante la negativa de la empresa de dar soluciones a los problemas planteados, los trabajadores decidieron en asamblea ir a la huelga por tiempo indeterminado. La patronal no quiso negociar y despidió a todos los huelguistas, entre los que había compañeros con más de 30 años de antigüedad.

En virtud de los acontecimientos, se presentó una medida cautelar ante la justicia del trabajo. El juez José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Nro. 69, dio lugar a la medida cautelar y resolvió prohibiendo los despidos y ordenando la reincorporación. La medida es apelada y confirmada el 27/02/2023 por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En el medio se realizó una presentación patrocinada por el autodenominado “Movimiento Empresarial Anti Bloqueo” (Organización que busca criminalizar el derecho de huelga como medida de disciplinamiento a los trabajadores) por el delito de “compulsión a la huelga”, en donde consiguieron, en marzo de 2023, la interrupción de las medidas por parte de la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, el caso vuelve nuevamente a resolución del Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo Nro. 69 y se resuelve el 01/06/2023 desestimar el recurso de apelación interpuesto y, en virtud de ello “efectivícese las astreintes fijadas”. En la liquidación del fallo en cuestión, el juez le ordena a la empresa pagar 10.000 pesos diarios por trabajador si demora su incorporación por intermedio del alta en AFIP.

A raíz de esta nueva decisión de la justicia laboral, el precandidato presidencial y Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, declaró: “Desde el 10 de diciembre voy a trabajar para modificar esta Ley de Multas absurda que solo frena a los que producen y dan trabajo. Tenemos que construir un sistema laboral más justo, previsible y equilibrado para todos. Basta de mafias y de aprietes sindicales. Esa Argentina ya no va más”.

Las Leyes 24.013 y 25.323, a las que indirectamente hace referencia Larreta en su declaración, regulan las multas por empleo no registrado o deficientemente registrado. Sin embargo, en esta ocasión se trata de “astreintes” (en la denominación del viejo Código Civil) o “sanciones conminatorias” de acuerdo con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establece que “Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial”.

¿Acaso Rodríguez Larreta no entiende la diferencia entre legislación laboral vigente y un fallo judicial? Claramente sí, pero su concepción liberal del trabajo, en la cual ellos son “generadores de” y nosotros somos un “costo”, lo empujan a cometer estos errores.

La empleadora en este caso debe pagar por no cumplir la resolución de la Justicia.
Peligrosa confusión creer que la fuente de todos los males empresariales son los derechos laborales, así como la legislación que los regula y protege.

La oposición está absolutamente desunida para casi todo, pero tienen pleno acuerdo al momento de vaticinar el fin irremediable de la legislación laboral. Como suele ocurrir en los últimos tiempos, primero ladra Bullrich (“la indemnización es un robo que funde empresas”), y siempre corriendo desde atrás después nos ladra Larreta, con la única salvedad de que esta vez el exinterventor del PAMI cometió la torpeza de expresar sus intenciones apoyándose en el tema equivocado.

Como sea, y en el marco de un escenario político en el cual difícilmente haya mayorías absolutas, el Congreso será el campo de batalla donde los trabajadores tendremos que defender las leyes laborales de quienes tienen por objetivo destruirlas. A diferencia de otras ocasiones, hoy las cartas están arriba de la mesa.