CTA Autónoma ante la Corte Suprema por la suspensión de la reforma en Jujuy

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, conducida por Hugo “Cachorro” Godoy, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación su admisión como amicus curiae, en la causa impulsada por el ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la constitución de Jujuy.

Según dieron cuenta desde la CTA-A, el pedido es para que “se haga lugar a la acción en resguardo de las garantías constitucionales e internacionales propias del estado constitucional de derecho en cuanto los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la constitución de Jujuy resultan violatorios de esas premisas, y por ende inconstitucionales e inconvencionales”.

Además, a partir de la reforma, los derechos y garantías allí consagrados en los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 19, 31, 33, 75 inc. 17 y 22 y 123 se ven seriamente afectados, y agregaron: “Esta reforma resulta violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como los Convenios 87 y 169 de la OIT”.

En la misma presentación, se solicitó una audiencia pública para que el máximo tribunal escuche a todos los presentantes a los fines de exponer sobre la violación a los derechos fundamentales expresados y la necesidad urgente de garantizar la vigencia de las garantías constitucionales vigentes.

“El presente caso adquiere una relevancia significativa para la garantía del derecho de reunión y de huelga, a la protesta social y a la forma en que esta se expresa, a los derechos de los pueblos originarios y al pueblo de la provincia de Jujuy en su conjunto”, argumentaron en el documento judicial.

La CTA-A también presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle “que se requiera al Estado argentino la adopción de las medidas necesarias para la protección de los derechos de dirigentes sindicales, integrantes de pueblos originarios, organizaciones sociales, colectivo de mujeres, y dirigentes políticos en Jujuy.

Al respecto, señalaron que muchas personas “se encuentran en situación de riesgo de privación ilegal de la libertad, con motivo de la persecución política, hostigamiento y criminalización en su contra dirigida a disciplinar a sectores de la oposición en esa provincia” y es necesario que se adopten “las medidas necesarias que garanticen la integridad personal y libertad ambulatoria de los beneficiarios involucrados”.