Bombazo: La drástica primera medida que prepara Milei contra los sindicatos

El triunfo en las elecciones PASO aceleró las reuniones entre los equipos de trabajo de Javier Milei para delinear, además de las propuestas electorales, las medidas a implementar en caso de un eventual triunfo en las generales de octubre.

Como se sabe, uno de los principales frentes de ataque de su potencial gobierno serán los sindicatos, apuntados por el espacio de La Libertad Avanza como fuente de los males de empleo y trabajo en el país.

En ese contexto, Milei está dando forma a lo que sería la primera medida ofensiva contra las organizaciones gremiales, con un golpe al corazón del modelo sindical argentino y la actual ley de Asociaciones Sindicales.

La primera decisión, en la que ya trabajan los equipos de Milei, sería quitar a los empleadores el rol de «agentes de retención» de los empleados, tal como funciona en la actualidad en cumplimiento de la ley nacional N° 23.551.

Según su artículo 38, los empleadores estarán obligados a actuar como «agente de retención» de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial.

De acuerdo a fuentes internas del espacio mileista, la medida podría salir a través de una ley o decreto durante los primeros días de gobierno. De esta manera, el empleador dejará de retener el aporte sindical y la intención será que cada afiliado deposite de manera individual al sindicato.

La decisión de Milei persigue el desfinanciamiento de las organizaciones gremiales, quitándoles un peso a los empresarios en la relación con los gremios, sobre todo en materia de negociación sobre liquidación, transferencias y el manejo de fondos.

Un experimentado laboralista conocedor del paño desafía: «sería un gran aporte a la reactivación a la industria del juicio. Pensemos: si tenemos unos 1.000 sindicatos con personería gremial con cuota sindical para retener con unos 10 empleadores cada uno de ellos. Son unos 10.000 juicios de inconstitucionalidad y de ejecución de cuota sindical. Si la medida dura 10 meses, son unos 100.000 juicios. Un gran aporte para los abogados laboralistas».

En diálogo con este medio, el abogado consultado señaló además que la medida podría significar el «incentivo necesario para que las organizaciones sindicales recuperen músculo porque antes del juicio muy probablemente exista el conflicto».

«La medida refleja el tipo de derecha contra la que te estás enfrentando. Hay derechas modernas, inteligentes, novedosas, que plantean temas estratégicos centrales sobre escenarios futuros y tenés estrategias tontas de desatar un conflicto, un incendio en el mundo de las relaciones laborales por una cuota de dos mangos que ni siquiera pagan los patrones», profundizó, al resaltar el «desconocimiento» de Milei y su equipo sobre el funcionamiento del mundo del trabajo: «como mínimo falta de asesores que conozcan la estructura constitucional, normativa y que realmente pertenezcan al mundo de las relaciones laborales. No creo que ningún empleador sensato pida eso».

El caso de Brasil y la financiación de los sindicatos

La reforma laboral en Brasil, aprobada en 2017 durante el gobierno de Michel Temer, quitó la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores a los sindicatos. En su artículo 582, la normativa estableció: «Los empleadores están obligados a deducir de la nómina de sus empleados del mes de marzo de cada año el aporte sindical de los empleados que previa y expresamente autorizaron su pago a los respectivos sindicatos».

El descuento que era obligatorio pasó a ser opcional. Con la decisión, según reportes del portal Poder 360, los sindicatos vieron caer la fuente de ingresos un 98% en 2 años. En las centrales, la disminución fue del 97% de 2017 a 2019.

Pero también tuvo impacto entre los empleadores. Por ejemplo, la CNC (Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo) perdió el 90% de sus ingresos en 2 años.

El objetivo fue el mismo que persigue Milei: desfinanciar y quitar poder de fuego a los sindicatos.

Aunque vale aclarar que la situación en ambos países no es la misma. En Argentina, las organizaciones reciben dos tipos de aportes: los de los trabajadores -la afiliación sindical es opcional- y las «contribuciones» por parte de los empleadores.

Como se mencionó, el aporte de los trabajadores es retenido por las empresas que actúan como “agente de retención”. Es decir, retienen y derivan el aporte proveniente del salario.

En Brasil, hasta la reforma de Temer, los sindicatos recibían aportes del Estado, a través de un impuesto, y por medio de las contribuciones de los trabajadores, mediante una deducción obligatoria.

En Argentina, las organizaciones reciben financiación, en general, por cuatro vías:

a) la cuota sindical, determinada en asamblea o congresos por los afiliados. Es optativa.
b) los aportes solidarios, obligatorios y determinados por medio de los convenios colectivos de trabajo homologados.
c) los aportes específicos, nacidos también de los convenios colectivos, pero sin obligación para los trabajadores.
d) las contribuciones patronales, obligatorias y definidas por convenio colectivo.

La diferencia entre ambos países radica en la no obligatoridad de los aportes de cuota sindical realizados por los trabajadores argentinos, aunque la eliminación de la figura de «agentes de retención» de los empleadores se traduciría en un fuerte golpe a los gremios con una fuerte caída en la recaudación.