Todo lo que dejó el Consejo del Salario: pedidos, votación y conclusiones

El Consejo del Salario sesionó en la tarde de este jueves de manera virtual con el objetivo de definir el nuevo haber mínimo y las subas en prestaciones de desempleo. El organismo reunió a las centrales sindicales, cámaras empresarisa y representantes del Estado nacional.

Tras la postulación de las demandas sectoriales, pasadas las cuatro de la tarde y poco más de una hora de debate se conoció el acuerdo mayoritario que determinó el nuevo salario mínimo: $105.500 en julio, $112.500 en agosto y $ 118.000 en septiembre.

Esto es resultado de un aumento del 34,1% a aplicarse sobre la base vigente a junio pasado, de $87.987. Los tramos de subas serán: 19,9% en julio, 8% en agosto y 6% en septiembre, mes en que se revisará lo firmado.

30 votos a favor, 1 una abtención y 1 voto en contra

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil cestá compuesto por 32 miembros, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora. Por el sector trabajador, participaron las conducciones de la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.

En el inicio del debate cada central realizó su petición. La propuesta de la CGT fue cercana a la finalmente aprobada, mientras que las presentadas por las CTA exigían incrementos alejados a la realidad planteada por el mundo empresarial.

La CTA de los Trabajadores demandó un incremento «no menor al 40%» para el trimestre. En tanto, la CTA Autónoma se plantó en un aumento del 55% en un tramo por un haber mínimo de $135.000.

Ambas propuestas fueron rechazadas por el sector empresario, que además se oponía a aplicar las subas sobre la base de junio, pretendiendo utilizar como piso el salario mínimo vigente a marzo de 2023.

Finalmente, el acuerdo se concretó con el voto mayoritario de 30 de los 32 integrantes, entre ellos la CGT que estuvo representada por Héctor Daer, Pablo Moyano, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingieri, Noemí Geminiani, Gabriela Pérez, Noemí Ruiz, Romina Santana y Rodolfo Daer.

La CTA de los Trabajadores que conduce se abstuvo de votar, mientras que la CTA Autónoma que lidera Hugo Godoy votó en contra.

Por el sector empresario asistieron Daniel Funes de Rioja, Juan José Etala, Horacio Martínez, Julio Cordero, Guillermo Moretti y Juan Carlos María, de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ricardo Diab, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pablo Devoto, de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios (CAC), y Jorge Hulton, de la de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Marcelo Banchi, por la Federación Agraria Argentina (FAA); Abel Guerrieri, por la Sociedad Rural Argentina (SRA); Marcelo Daniel Espinoza, por CONINAGRO; Alberto Frola, por la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Verónica Sánchez y Daniel Suffredini, por la Federación Empresaria, Hotelera, Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA); Javier Bolzico, por la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA); Adelmo Gabbi, por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Angelina Gómez Figueiredo, por la Asociación Empresaria Argentina (AEA); y Raúl Hutin, por la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN).

Olmos: El aumento «muy importante en monto y contenido»

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel «Kelly» Kismer de Olmos, realzó el acuerdo y lo calificó como «muy importante en monto y contenido, ya que para este mes esa mejora implicó un incremento de 20 puntos».

«El acuerdo implicó un reconocimiento que impacta sobre los ingresos complemenarios de los sectores informales para que no pierdan frente al proceso inflacionario. Se recuperó el desfase y, en septiembre, habrá revisión y nueva discusión», afirmó.

La funcionaria laboral reseñó que los nuevos montos impactarán sobre los ingresos de los beneficiarios del Plan Potenciar, que perciben el 50% del salario mínimo; del Programa Acompañar (víctimas de violencia) que lo cobran en un 100%; de algunos jubilados que tienen la mínima, son contributivos y no accedieron a una moratoria; de los trabajadores del seguro de desempleo y del Repro para situaciones de emergencia; y de la totalidad del personal de algunos sectores de la salud con realidad crítica.

«Lo que es preciso señalar y aclarar es que este ingreso no es el mínimo de convenio. Cada organización tiene el suyo, que oscila para junio entre 342 mil y 400 mil pesos para las diferentes categorías mínimas de los principales instrumentos convencionales», explicó Olmos, quien ratificó su «convicción» en la democracia y su «satisfacción» por alcanzar acuerdos de este tipo a partir de «decisiones mayoritarias», puntualizó.